Por: Jorge Arturo Amante Urbina, Coordinador de la maestría en Planeación Fiscal y Tributación Internacional
Como cada año, el pasado 08 de septiembre, el Poder Ejecutivo, a manos del Secretario de Hacienda y Crédito Público, entregó para su discusión y aprobación a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el proyecto de Paquete Económico Fiscal para el año 2023, que incluye los Criterios de Política Fiscal, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos de la Federación, entre otras cosas. Este documento es de gran trascendencia para nuestro país porque establece el planteamiento económico, los ingresos y su forma de obtención, y la gestión del gasto público de acuerdo a sus prioridades, como lo son el proyecto del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el incremento a los programas sociales.
Podemos observar que, como se anunció en días pasados por parte del Poder Ejecutivo, no se avizoran reformas en distintas leyes como la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley del Impuesto Especial sobre producción y Servicios ni tampoco en el Código Fiscal de la Federación. Esto se traduce a que no habrá creación de nuevos impuestos ni movimiento de tasas impositivas vigentes al día de hoy, con excepción de la actualización de cuotas y tarifas por la inflación.
Asimismo, quedan intocados los estímulos fiscales vigentes que se ubican en la Ley de Ingresos de la Federación de este año, como el caso de acreditamiento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) derivado de la adquisición o importación de diésel y biodiésel para el consumo final que se utilice para maquinaria en general o/y de los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre público o privado de carga o pasaje que utilicen la red nacional de autopistas de cuota tendrán el derecho a un acreditamiento del 50% de gasto por el uso de dichas vías.
Es importante resaltar, que, de acuerdo con los Criterios de Política Económica, el Producto Interno Bruto (PIB) aumentará en un 2.3% con relación al presente año, asimismo, se plantea aumentar el presupuesto público para el 2023 en un 11.6% con relación al 2022, llegando a un gasto neto total de 8.3 billones de pesos en comparación con los 7.4 billones de pesos del año 2022. Ante esto, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, destacó que, pese a que los ingresos públicos para el 2023 son sensiblemente mayores a los presupuestados en el 2022, esto no significará incrementar el nivel de deuda pública ni la aplicación de nuevos impuestos.
Debemos recordar que actualmente estamos viviendo condiciones económicas complejas, como altos niveles de inflación y, en consecuencia, la inminente alza de tasas de interés, por tanto, debemos estar muy atentos a las medidas que tomará el Gobierno Federal para soportar el incremento al presupuesto público cuando, como se mencionó, no habrá nuevos impuestos ni movimiento de tasas impositivas.
La razón de mostrar esta postura de mesura impositiva, a dicho de Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), es atraer la inversión extranjera, mediante la certidumbre y estabilidad de la política fiscal, y de esa forma generar empleos dentro del territorio nacional; sin embargo, no debemos olvidar que el Paquete Económico Fiscal para el 2023 considera una estrategia de fortalecimiento de ingresos tributarios y, por tanto, un aumento en la recaudación de impuestos mediante una mejora en la capacidad revisión de las autoridades fiscales, el ataque frontal a la informalidad y a la evasión fiscal.
Por lo anterior, será importante estar muy atentos a los programas de revisión de cumplimiento del Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como al uso de sus facultades de comprobación que le permitirán alcanzar sus pronósticos de ingresos para el próximo año. Es de todos conocido que la autoridad fiscal ha mantenido un incremento en la recaudación en los últimos años pese a la pandemia COVID-19. Por todo lo anterior, podemos advertir, que se espera una mayor presión fiscal para los contribuyentes que deberán contar con la asesoría fiscal adecuada para no poner en riesgo su libertad, su patrimonio ni su seguridad jurídica.
