Por: Yuliani Bautista Aguilar, egresada de la licenciatura en Derecho y Sidharta José Hernández Hernández, docente UNLA
En el transcurso de la evolución humana, la tecnología ha marcado un importante hito para el desarrollo de las sociedades. En la actualidad, los elementos electrónicos e informáticos son clave para hablar de una nueva revolución social. La digitalización ha traído consigo un sinfín de ventajas; sin embargo, también ha generado algunas desventajas al no ser aprovechada de forma ética. Uno de los mayores perjuicios que ha traído el uso de recursos computacionales es la violencia digital. Con la implementación de las redes sociales, la comunicación directa y la transmisión de datos se han facilitado, permitiendo, entre otras cosas, el desarrollo de delitos que aún no se encuentran conceptualizados de manera formal.
Desde esta perspectiva jurídica, podemos hablar de los grandes desafíos que estas modalidades de contacto conllevan. Uno de ellos es el aprovechamiento de los documentos electrónicos como pruebas y otro, el resguardo de la integridad personal de los individuos dentro del espacio cibernético. Es por ello que nace la Ley Olimpia, la cual no se trata de un documento en específico, sino de una serie de reformas legislativas en documentos normativos penales, así como en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Dichas reformas regulan conductas en agravio de quienes son víctimas de personas que, sin su consentimiento, difunden imágenes de índole sexual, así como de agresiones realizadas en comunicaciones digitales, dando visibilidad a la violencia mediática digital (Téllez, Fernández-Cuevas y Callejas-Téllez, 2022).
La relación entre la prueba electrónica y la Ley Olimpia en México trasciende la mera coincidencia temática para converger en la protección de la integridad y la dignidad en el entorno digital. Es importante mencionar que la prueba electrónica en el proceso judicial abarca cualquier registro generado en un sistema informático, englobando dispositivos físicos o lógicos para crear, enviar, procesar, remitir o almacenar registros extraídos de medios informáticos (Salvador, 2022). Mientras que, por otro lado, la Ley Olimpia, focalizada en combatir la violencia digital, identifica una marcada diferencia de género en los tipos de delitos perpetrados. Esto se debe a que, mientras los hombres son predominantemente víctimas de delitos cibernéticos no personales, como fraudes o robo de identidad, las mujeres son desproporcionadamente afectadas por delitos como la exposición pública de datos personales, la difusión de contenido íntimo no consensuado, el acoso y la agresión digital (García, 2020).
Esta relación es significativa en el contexto mexicano debido a varios factores; uno de ellos es la prevalencia de la violencia digital contra las mujeres, la cual requiere una respuesta legislativa sólida y efectiva. La Ley Olimpia se convierte en un instrumento clave para abordar esta problemática, ofreciendo medidas específicas para proteger los derechos de las mujeres en línea. La difusión no consensuada de contenido íntimo, en particular, ha sido una forma devastadora de violencia digital que ha afectado a muchas mujeres en México, y dicha ley proporciona un marco legal para combatirla.
En este contexto, la prueba electrónica juega un papel crucial al proporcionar evidencia sólida para respaldar los casos de violencia digital. Los registros digitales pueden servir como pruebas irrefutables de la comisión de delitos en línea, lo cual facilita la persecución legal de los perpetradores y la impartición de justicia. Además, la prueba electrónica permite una recolección y presentación de pruebas más eficiente y precisa en el ámbito judicial, lo que fortalece los casos relacionados con la violencia digital.
La importancia de regular ambos temas radica en la necesidad de abordar la complejidad y la gravedad de la violencia digital, así como en garantizar la integridad y la eficacia del proceso judicial en el mundo cibernético. Una regulación clara y específica sobre la prueba electrónica proporciona un marco legal sólido para la admisión y evaluación de evidencia digital en los tribunales, mientras que la Ley Olimpia establece medidas concretas para prevenir y sancionar la violencia digital, especialmente contra las mujeres.
En conclusión, la relación entre la prueba electrónica y la Ley Olimpia en el contexto mexicano refleja la intersección entre la tecnología, la justicia y los derechos humanos en el entorno digital. Proteger los derechos de las personas y garantizar una administración de justicia equitativa y efectiva en la era digital es una necesidad real en el siglo XXI, ya que la evolución tecnológica presenta cambios que sobrepasan el ojo humano. Es necesario desarrollar medidas que nos permitan anticiparnos de manera preventiva a posibles ataques relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación, para estar preparados ante la inminente evolución tecnológica.
